LA MALA HORA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA

Existen muchos mitos, incógnitas e incertidumbre frente a lo que está pasando con el presupuesto de las universidades públicas en el país, ¿será la corrupción? ¿el mal uso de los recursos para la educación? ¿No se ha destinado una cantidad adecuada para la inversión? ¿Se le da más recursos a la guerra? Etc.

Es importante informarse y saber cuál es la razón que, desde el antes del 10 de octubre, diferentes representantes estudiantiles se movilizaran para defender la educación pública, pero ¿ es lo que está pasando? ¿por qué se tienen que movilizar? A través del transcurso de la historia se ha demostrado que la manera más eficaz de sacar a una sociedad de la pobreza es por medio de un sistema educativo de calidad, inversión en tecnología, innovación e investigación, lo anterior permite la movilidad social, creación de capital social y más oportunidades para poblaciones vulnerables, con el objetivo que no caigan en la profesión de la delincuencia y sean vean mejor involucrados en todos los procesos democráticos dentro de su territorio.

Ahora, ¿Por qué los jóvenes colombianos tienen que movilizarse para garantizar un derecho tan básico como  la educación?

Voy a ir atrás en el tiempo, para el año 1992 con la Ley 30, donde es estipulan todos los medios y fuentes de financiación de la educación pública en el país. Nos permitimos citar los artículos 86 y 87 de la mencionada ley:

“Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto.

Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.” (Ley 30, 1992)

Lamentablemente dentro de esta ley no se tuvo en cuenta la realidad o el contexto educativo de la nación, entre los años 2002 a 2010 existió una ampliación casi total de la cobertura de la educación básica, media y superior a nivel nacional, lamentablemente la calidad de la educación no mejoró, este se evidencio en el año 2013 cuando salieron las los resultados de la prueba PIS, “de las tres clases de pruebas, el país sacó el peor puntaje en matemáticas: 376 puntos que ubican a Colombia en el puesto 61, y en el ranking general quedó en el puesto 64 compitiendo con países latinoamericanos y los que componen la OCDE , por otra parte, como es lógico, entre más cantidad de estudiantes  ingresan a todo el sistema educativo público, mayor es la cantidad de presupuesto para poder suplir los gastos adicionales, aunque esto estaba “previsto” en   la ley 30, con un incremento anual de mínimo 30% del PIB para los recursos de la educación, en la realidad el incremento anual no supera el 5% del PIB (Ballén, 2015).

Es por ello que de acuerdo a las reformas educativas que se dieron tanto estructurales como de presupuesto, para este año 2018 “se tiene un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones en infraestructura” (CASTAÑEDA, 2018), sin mencionar la planta docente,  la cual también cuenta un déficit muy alto a comparación de la cantidad de estudiantes que hoy en día se encuentran haciendo pre grado. El Sistema Universitario Estatal (SUE) menciona que “los aportes de nivel nacional a las universidades públicas pasaron de representar el 73% de los recursos financieros de las instituciones en 1993 a representar solamente el 48 % en el 2016. Es urgente que bajo la consideración de política de Estado se consolide un mecanismo de financiación estable y estructural para la educación superior pública” (CASTAÑEDA, 2018)

El descontento frente a esta situación es tan grande que para el día 10 de octubre se organizó la marcha estudiantil, en protesta al presupuesto asignado a la educación, que solo es de 38 millones, que el gobierno entrante  de Ivan Duque destinará a la educación pública. Esta no fue una marcha como cualquiera, ya que no sólo convocó universidades públicas, sino también de las privadas,que se unieron a esta protesta pacífica para reclamar al gobierno nacional   la importancia de la educación pública y de calidad en el país, no solo porque esta genera un proceso de movilidad social, sino que al largo plazo genera beneficios tanto económicos como sociales al país ya que se crea mayor capital social.

A pesar de que la marcha en general de desarrolló de manera pacífica, algunos manifestantes incurrieron en actos de vandalismo en contra de algunas estaciones de radio, el sistema integrado de transporte y algunas instalaciones públicas; sin embargo, la protesta cautivo a diferentes medios de comunicación y a la ciudadanía en general cuando los mismos estudiantes iban preparados para borrar los daños ocasionados a los bienes públicos. Estos actos demostraron la capacidad de unión, liderazgo e iniciativa que tienen los jóvenes alrededor del país.

La respuesta del gobierno nacional fue casi inmediata, en un inicio de resolvió generar un aumento en el presupuesto de la educación por un monto de 500 mil millones de pesos; pero esta propuesta  no fue suficiente conforme a la exigencia de los estudiantes por lo que se decidió aumentar el presupuesto a un billón de pesos, los cuales serán sacados del Sistema General de Regalias (SGR).

De acuerdo con las exigencias de los estudiantes y el grave déficit presupuestal dentro del sector, los estudiantes esperan que por medio de la movilización se logre aumentar 18 billones al presupuesto, realizando una presión mayor para que el presupuesto de la guerra se pueda reducir conforme aumenta el de educación.  

En conclusión, la educación pública en el país no tiene un futuro muy claro, a pesar de que las movilizaciones persisten, el Ministerio de Hacienda en cabeza de Alberto Carrasquilla dice que no es posible aumentar del presupuesto que promete el presidente Duque, el nuevo programa de “Generación E” que fue el reemplazo de “Ser Pilo Paga” no es claro si la población de jóvenes más vulnerables podrá acceder a la educación superior, ni cómo se va a suplir el déficit presupuestal que dejó Ser Pilo Paga.

Este proceso de movilización estudiantil no puede ser ajeno a la ciudadanía, los Colombianos nos tenemos que comprometer  a gestionar un cambio ya sea desde lo individual hasta lo colectivo. La educación es un tema que atañe no solo a las generaciones actuales si no a la venideras  y si nos queremos dejar de llamar “pais en vía de desarrollo” es necesario tomar lápiz y papel, para generar un cambio de mentalidad fortaleciendo la calidad y el presupuesto de la educación pública.