LOS VACÍOS DEL “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” 2019 – 2022 del presidente Iván Duque Márquez se queda corto, puesto que deja de lado varios temas, los cuales giran en torno a la paz, la sustitución de cultivos ilícitos, la protección de líderes sociales, la salud mental y la creciente migración venezolana.

PAZ Y CULTIVOS ILÍCITOS.

La paz, que fue la bandera del anterior Gobierno, se ha dejado de lado, aún cuando muchos sectores afirman que debería tener mayor relevancia de la que hoy tiene. Este aislamiento se ve reflejado, en primer lugar, en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019 – 2022, en donde se estima que el presupuesto para inversión es de 1.096,1 billones, de los cuales, ningún rubro está destinado a la paz ni se viabilizan acciones al respecto.

La postura frente a la sustitución de cultivos ilícitos del gobierno es clara, así se vio en la audiencia citada por la Corte Constitucional, en donde el presidente abogó por el uso del glifosato. Sin embargo, esto no se concreta en el PND, pues no especifica cómo se va a dar tratamiento a los cultivos mencionados. El jefe de Estado ha solicitado que esta lucha se enfoque en la erradicación forzada más que en la voluntaria. Si se tiene en cuenta el informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) del 2018 sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la sustitución voluntaria dejó resultados difíciles de analizar respecto a la meta planteada, debido a que solo 54.000 familias de las 180.000 que tienen cultivos ilícitos se vincularon al programa; algunas razones como las ganancias dificultan que esto suceda, ya que con la coca se obtienen mayores dividendos que con otros cultivos. No obstante, más allá hay situaciones de seguridad que cohíben a las familias a hacer parte del PNIS, debido a que, en algunas zonas donde se estaba implementando el programa, los asesinatos aumentaron en un 33%, la mayoría de ellos perpetrados por grupos al margen de la ley que buscaban proteger los cultivos por el uso de la fuerza.

Para 2017 la meta de erradicación forzada era de 50.000 ha, la cual se cumplió y superó con un total de 65.000 ha. Aunque esta estrategia aparentemente sería viable, se debe considerar que entre 2009 y 2018 hubo alrededor de 800 víctimas de la policía antinarcóticos, miembros de la fuerza pública y civiles, que murieron o resultaron heridos por minas antipersonas, las cuales se ubican para proteger los cultivos de coca (FIP, 2019). Aunque la erradicación forzada ha sido una medida efectiva, ha tenido un alto costo humano, además, dificulta que las personas que viven cerca de esos cultivos puedan realizar otras actividades productivas, por lo que las probabilidades de resiembra son altas. Independientemente de la forma en la cual se vaya a llevar a cabo esta lucha, en el PND no se aclaran los métodos, programas y metas relacionados con la planeación de una ruta a seguir; lo cual cuestiona el interés del Gobierno por dar soluciones concretas a esta problemática.

LÍDERES SOCIALES.

Otra problemática que ha ido en aumento desde el 2016 ha sido la muerte de líderes sociales. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2016 y 2018 fueron asesinados 282 líderes, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Arauca. Para estas mismas fechas, se especificó que habían sido asesinados 45 líderes comunales, 29 indígenas, 19 afrodescendientes, 17 representantes comunitarios y 11 campesinos. En todo el 2018, el total de líderes asesinados fue de 113 y en lo corrido del 2019 van 29. Al respecto, la ONU dio a conocer las cifras y solicitó al Gobierno que garantice los Derechos Humanos de los líderes sociales para que puedan seguir ejerciendo su labor. Sin embargo, este tema no ha sido una prioridad para el Gobierno, no ha habido mayor pronunciamiento por parte del mismo y, adicionalmente, no se menciona ni una sola vez en el Plan Nacional de Desarrollo.

ENFERMEDADES MENTALES.

“Según la Organización Mundial de la Salud, 4,7% de los colombianos sufren de depresión, un porcentaje más alto que el promedio mundial” (Caracol, 2018). La salud mental como problemática pública se ha empezado a posesionar en Colombia desde el 2013, año en el que se mencionaba que el aumento de este tipo de enfermedades iba a ser mayor que las relacionadas con problemas cardiovasculares (Scielo, 2013). Juan Luis Castro, senador por el partido Alianza Verde, manifestó que de los 183 artículos del PND, ninguno aborda esta cuestión. Poco ha sido el interés de los gobiernos nacionales por estos asuntos, lo cual implica un descuido que, de no tratarse, puede conllevar a serias crisis sociales en el futuro. La situación no se percibe como urgente por el Gobierno y esto se ve reflejado en el PND, en el cual no tiene mención alguna. A lo anterior debe sumarse y considerarse que en Colombia la guerra, el conflicto armado y las acciones terroristas han generado enormes afectaciones que inciden en el bienestar psicológico de la población. En esta medida, desde el PND deberían existir y formularse acciones para atender este tipo de alteraciones, que día a día muestran más el impacto negativo que generan en la sociedad.

MIGRACIÓN VENEZOLANA.

Como si fueran pocos los problemas que Colombia debe afrontar, la crisis en Venezuela llega para poner a prueba al Estado y la sociedad colombiana. Según Migración Colombia, hay 1,2 millones de inmigrantes venezolanos, en su mayoría en situación de pobreza, hecho que los ha forzado a buscar trabajo en el país por salarios mucho menores a los estipulados por ley. Este escenario también ha generado que, debido a la mano de obra barata, sean un capital humano más rentable para los empresarios y que las oportunidades de empleo de los colombianos se vean afectadas. Durante el mes de enero, se presentó una tasa de desempleo de 12,8%, la más alta desde 2011 (Dinero 2019); afectando principalmente a personas que se desempeñan en comercio, hoteles y restaurantes. Sin embargo, aunque hay cierta influencia de la diáspora venezolana en el desempleo, no se puede caer en el error de culparlos por completo, puesto que en las cifras también intervienen otros factores como las inundaciones, el fenómeno del niño y la pérdida de cultivos en el campo.

Si bien el presidente y el actual gobierno le han prestado gran atención a la situación del vecino país, la llegada masiva de venezolanos no se tiene en cuenta en el PND, no se establecen medidas para evitar que afecte la economía colombiana o para amortiguar los efectos sociales que causa. Asimismo, aunque sí hay líneas de acción sobre empleabilidad y trabajo, queda en duda si serán suficientes para el contexto actual del país.

CONCLUSIÓN.

El Plan Nacional de Desarrollo está atravesando un momento difícil, dado que su aprobación se ha visto obstaculizada por falta de quorum en algunas votaciones, dadas las inconformidades con temas como los subsidios para el estrato 1, 2 y 3, los impuestos a los licores y las facultades extraordinarias dadas al presidente. Además, temas que deberían ser relevantes para el Gobierno, como los mencionados en este artículo: paz y sustitución de cultivos ilícitos, muerte de líderes sociales, enfermedades mentales y migración venezolana; no se tienen en cuenta ni tienen una línea de acción clara. Por lo tanto, si no se tratan desde ahora con una hoja de ruta articulada, pueden crecer y, paulatinamente, convertirse en grandes problemáticas a futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Arias F, 2019. La crisis de Venezuela, el PND y los inmigrantes venezolanos. Recuperado de: https://www.las2orillas.co/la-crisis-de-venezuela-el-pnd-y-los-inmigrantes-venezolanos/

Caracol Radio, 2018. Urge conciencia en torno a la problemática de Salud Mental en Colombia. Recuperado de: http://caracol.com.co/programa/2018/04/13/sanamente/1523624770_874046.html

Defensoría del Pueblo, 2018. Colombia: en dos años 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. Recuperado de: http://defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/7081/Colombia-en-dos-a%C3%B1os-282-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-fueron-asesinados.htm

Dinero, 2019. Desempleo en enero llegó a 12,8%, el más alto desde 2011. Recuperado de: https://www.dinero.com/pais/articulo/desempleo-en-colombia-para-enero-de-2019/267687

Garzón J, 2019. Los costos humanos de la erradicación forzada ¿es el glifosato la solución? Recuperado de: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1734

Pulzo, 2019. ONU pide a Gobierno garantizar DD. HH. de líderes sociales; van 29 asesinados en 2019. Recuperado de: https://www.pulzo.com/nacion/onu-preocupada-por-asesinato-lideres-sociales-colombia-PP661219

Semana, 2019. “La salud mental no se contempla en el PND”: senador Juan Luis Castro. Recuperado de: https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/la-salud-mental-en-el-plan-nacional-de-desarrollo/605071

Scielo, 2013. La salud mental en Colombia. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572013000400001

La economía de las múltiples inteligencias

La economía naranja o economía creativa tiene sus inicios al comienzo del siglo XXI. En el año 2001, John Hawkins introdujo el término de industria creativa en el mundo económico, definiéndola como una economía que tiene como eje central la generación de ideas. En América Latina, el concepto se ha desarrollado a través de publicaciones como el libro: “La Economía Naranja: una oportunidad infinita” lanzado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus dos autores: Iván Duque, presidente de Colombia y Felipe Buitrago, su actual consejero económico.

Buitrago y Duque definen la economía naranja en su libro como “el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual”. De esta forma, el término permite la formalización de muchas aristas del sector cultural, que, si bien siempre han hecho parte de la economía y producción de un país, no tenían una estructuración para su medición y análisis de crecimiento.

Conocida como la cuarta revolución industrial, esta vertiente es una apuesta para la inclusión de todos los contenidos de la cultura y la creatividad, teniendo en cuenta diferentes actividades como: la música, el arte, el cine, la innovación tecnológica, los videojuegos, entre otros. A nivel general, hace énfasis en aquellas actividades que desarrollan la creatividad y que le generan valor y desarrollo económico a este sector.

El auge de la industria naranja es una realidad, según cifras del BID, el 6,1% de la economía mundial depende de ésta, reportando 4,3 billones de dólares y, en América Latina y el Caribe, este dato es cercano a los 175.000 millones de dólares. Además, presentó un crecimiento del 134% entre el 2002 y 2011. La magnitud de este crecimiento se debe al valor agregado que se le otorga a la propiedad intelectual y a las ideas, cuyo desarrollo establece escenarios en los cuales se pueden interconectar diferentes ciencias y actores, incluyendo aspectos como los estudios de mercado, la estética, los productos, los consumidores, la innovación y la transformación de dispositivos electrónicos. Por lo tanto, la creatividad genera este valor e innovación a la funcionalidad de bienes y servicios ya establecidos.

Iván Duque, promotor de esta economía naranja, resaltó en su campaña electoral, al igual que en su paso por el BID, la importancia de esta industria creativa para lograr crecimiento y desarrollo económico. El presidente cree en la posibilidad de que la transformación de la creatividad y las ideas brinde una línea paralela para la creación de pequeñas y medianas empresas, que permita la promoción de la cultura y el deporte; aunado a un desarrollo de nuevas tecnologías.

Ciertamente, la economía naranja puede estar inmiscuida en todos los sectores económicos, donde la necesidad de fomentar cambios en las tecnologías y estructuras para aumentar la competitividad son los principales escenarios en los cuales se consolidan la creatividad e innovación.

En Colombia la priorización de esta industria cada vez se introduce más en la agenda de los sectores comercial, financiero, industrial y tecnológico. Los Ministerios de Cultura, CIT (Comercio, Industria y Turismo) y TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), son los encargados de la promoción de esta industria. Si bien es una ardua tarea, en el PND se encuentran algunas estrategias de trabajo conjunto entre estos ministerios para lograr estructurar las bases de esta nueva iniciativa económica en la agenda pública del país. Dentro de estas se destacan la creación de Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) y del Viceministerio de Economía Naranja dentro del MinCultura.

La transición hacia este nuevo modelo industrial es el principal reto de aquellos quienes la promueven. El sector público debe ser quién impulse cambios en los sectores tradicionales para lograr la conexión con la industria creativa y alcanzar, con esta fusión, la oportunidad de imponerse en los mercados, la generación de riquezas y crecimiento económico y el fomento de una mejor prestación de bienes y servicios a partir del valor agregado que genera. En la juventud y las últimas generaciones recae la tarea de adoptar los escenarios que traen consigo la estimulación de las ideas y la propiedad intelectual, así como la constante transformación de los productos generados.

Participación política de la mujer en Colombia

Históricamente las mujeres han estado obligadas a enfrentar grandes retos para lograr el reconocimiento de sus derechos políticos. En América Latina, tomó 25 años más que en Estados Unidos y Reino Unido el reconocimiento del derecho al voto para la mujer. En Colombia, las mujeres adquirieron este derecho en 1957. De forma posterior, el país ha ido avanzando en la adopción de lineamientos nacionales e internacionales para promover la participación política de las mujeres. A nivel internacional, se adoptó la la agenda mundial de género que surgió de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995). A nivel nacional, se han producido avances en materia normativa (Ley 51 de 1981, Decreto 1398 de 1990, Decreto 1182 de 1999, Ley 581 de 2000, Ley 1009 de 2006, Ley 1475 de 2011, CONPES 161 de 2013, Ley 1753 de 2015, CONPES 3918 de 2018). Sin embargo, los avances en la representación efectiva de la mujer en política aún no son suficientes (Lesmes, 2018).

En la actualidad, los datos indican que la participación de las mujeres no alcanza la cuota de representación mínima establecida, su presencia en cargos de elección popular no supera el 20% y se encuentra muy por debajo del ideal de paridad en corporaciones públicas del nivel local y regional (Lesmes, 2018). Factores relacionados con el contexto político, social, histórico y cultural moldean estereotipos que dificultan la posibilidad de las mujeres de ejercer liderazgo político, como por ejemplo la relación establecida con determinadas labores, como el cuidado de otros y del hogar (ONU Mujeres, 2016). En el caso de aquellas que logran acceder a espacios de poder, surgen cuestionamientos o ataques que apelan a estereotipos y prejuicios, desconociendo sus capacidades profesionales e intelectuales. A manera de ejemplo, el presidente del Senado de la República de Colombia, Ernesto Macías, llamó “niña” a la líder estudiantil Jennifer Pedraza, cuando ella daba un discurso de calidad técnica alta ante el Congreso. La expresión refleja la tendencia a minimizar la voz de las mujeres desde una categorización que “infantiliza” sus posiciones políticas.

Otro factor preocupante es la violencia contra las mujeres que participan en Colombia, puesto que, según estudios, se ha vuelto parte de la cotidianidad de las líderes políticas en el país. Además, aunque ciertos partidos políticos reconocen que es necesario involucrar a la mujer en la política como parte de sus estatutos, a la hora de la verdad no apoyan este mandato de forma activa, dado que no incluyen a las mujeres en las directivas partidarias, no cumplen las leyes de financiación de candidaturas femeninas y consideran su asignación como un relleno a las listas de candidatos. De acuerdo con el estudio del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria “No es normal”, el 42% de mujeres elegidas para cargos plurinominales manifiesta no haber recibido apoyo de su partido político en campaña y otro 42% describe recibirlo solo de forma esporádica (Restrepo, 2016).

A grandes rasgos, las cifras en materia de equidad para la participación política de las mujeres muestran que en Colombia las brechas siguen vigentes en diversos niveles de lo público, como se detallan a continuación:

Datos de mujeres en cargos de elección popular:

Mujeres en las Alcaldías Municipales y Distritales:

Para las pasadas elecciones de alcaldías locales, la participación de candidatas mujeres constituyó el 14,7% del total de candidaturas. El 85% de las 649 candidatas que se presentaron contaron con el respaldo de 12 partidos y coaliciones políticas. De cada 5 candidatas, únicamente una mujer resultó elegida, siendo el 20,6% del total de elegidos. Los departamentos que presentaron mayor participación de mujeres en la política local fueron Amazonas y Vaupés, en donde las mujeres representaron una tercera parte (27,3%) del total de candidatos (Lesmes, 2018).

Mujeres en el Congreso de la República:

Para las elecciones de Congreso en 2018, del total de mujeres candidatas a la Cámara de Representantes (636), solo el 5% resultaron elegidas, por lo que, por cada 20 mujeres postuladas, solo una consiguió la participación efectiva. En lo que respecta al Senado, la participación efectiva lograda por las mujeres fue de 8% del total de postulantes femeninas. En general, se logró una representación del 35,5% en la Cámara de Representantes y del 32,2% en el Senado. Durante el 2017, la participación de la mujer en cargos directivos del Estado fue de 41% en el máximo nivel decisorio y el 45% en otros niveles, por lo que este es un aspecto en el que se está logrando la paridad de género, no obstante, aún queda un largo camino por recorrer en el acceso igualitario al empleo con dignidad y sin discriminación (Lesmes, 2018).

Mujeres en los Concejos Municipales:

En la actualidad, el 16,6% del total de curules en concejos municipales o distritales pertenecen a mujeres. Las regiones Central y Caribe presentan los mayores porcentajes de participación de la mujer en concejos, oscilando entre el 13% y el 19% (Lesmes, 2018).

##Mujeres en Gobernaciones:

Los datos indican que los esfuerzos normativos por incrementar la participación política de la mujer han resultado positivos, sin embargo, aún no se alcanza el mínimo establecido del 30%. La región con la mayor participación política de mujeres en este cargo es Caribe, seguida de la región Central. Para las elecciones de 2015, el 17,4% de las candidaturas eran de mujeres y, de las 32 gobernaciones, se escogieron 5 mujeres, es decir, el 15,6% del total de elegidos (Lesmes, 2018).

Mujeres en las Asambleas Departamentales:

Para el actual periodo de gobierno, el 17% del total de diputados corresponde a mujeres, es decir, hay 70 mujeres en este cargo en las asambleas departamentales de Colombia. Se destaca la región Amazonía, que cuenta con una participación femenina del 30%, seguida de la región Caribe con un 20%. En cuanto a departamentos, son 5 los que han superado el mínimo establecido de participación efectiva por encima del 30%: Putumayo (55%), Meta (45,4%), Valle del Cauca (43%), Sucre (36,3%) y Atlántico (36%) (Lesmes, 2018).

Actualmente, en el Congreso de la República se discute el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye los lineamientos de política pública que regirán por los próximos cuatro años. En las bases del PND se reconoce que el incremento de la participación política de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones es necesario para lograr la igualdad de género. Por ende, se buscará implementar líneas de formación que fortalezcan el liderazgo político femenino a través de escuelas de formación política para mujeres. A su vez, se propondrá un “Plan de Promoción de la Participación Política de las Mujeres” para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres para acceder a cargos directivos en el Estado. A estas propuestas es clave realizarles seguimiento en los debates del Congreso, de forma que se les brinde la prioridad requerida y que cuenten con los recursos financieros para su implementación.

En conclusión, los datos presentados demuestran que, si bien se han logrado avances en el liderazgo femenino en cargos de elección pública, Colombia se encuentra lejos de lograr una paridad de género en este tema y aún existe un gran camino por recorrer para superar la brecha de representatividad política entre hombres y mujeres. Sin embargo, es un tema de alta prioridad tanto a nivel nacional como internacional, como lo demuestra el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre paridad de género. Por lo tanto, en el marco del Día Internacional de la Mujer, invitamos a nuestros lectores a que participen en nuestro foro “Participación política de las mujeres en Colombia” al que se puede acceder a través de nuestra página web: seamos.com/foro, así que ¡a participar!

Bibliografía:

Lesmes, A. (2018). Participación de la mujer en el escenario político colombiano. Una mirada general a la participación política de la mujer en Colombia. Registraduría Nacional del Estado Civil y Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales.

ONU Mujeres. (2016). COLOMBIA 50/50 EN EL 2030: ESTRATEGIAS PARA AVANZAR HACIA LA PARIDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL NIVEL TERRITORIAL. Bogotá D.C.

Restrepo, J. (2016). Mujeres y participación política en Colombia. El fenómeno de la violencia contra las mujeres en política. Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

Llegó el Plan Nacional de Desarrollo: ¡a participar!.

Del discurso se pasó al hecho. Hace apenas unos días se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia”; ni más ni menos, la hoja de ruta de cómo se piensa consolidar e implementar la visión de país que 10.372.697 colombianos y colombianas eligieron en las últimas elecciones para los próximos años.

La gran apuesta de esta administración es lograr justicia social, un ideal necesario pero bastante manoseado. Para conseguirlo, plantea 3 grandes pilares: equidad, emprendimiento y legalidad. Si bien el documento se entregó hace unos días, ya ha dado de qué hablar y ha generado opiniones divididas respecto a temas que comprometen la administración de los recursos estatales, el manejo de los ecosistemas y, en general, la gestión de lo público.

Activistas sociales, medios de comunicación, políticos y generadores de opinión pública se han pronunciado respecto a temas álgidos que allí están contenidos. En relación al medio ambiente, el PND pone el dedo en la llaga de uno de los principales retos que ha tenido el país desde que se disparó el boom minero hace varios años: la formalización. Su artículo 18 propone una licencia ambiental para entregarse en un plazo máximo de 30 días a quienes se dediquen a actividades extractivas y deseen legalizar su actividad productiva.

El artículo 35 ha sido uno de los que más ruido ha generado, propone la unificación del Presupuesto General de la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda, esto implica que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pierda la facultad de administrar los recursos de inversión y se encargue únicamente de procesos de evaluación de las políticas públicas y los proyectos de inversión.

Respecto al gasto público territorial, con el artículo 52 se brinda la posibilidad a municipios y departamentos de apalancar vigencias futuras en su último año de gobierno, siempre y cuando sea para proyectos cuyo fin se oriente en garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura planteadas en el PND. Dicha medida estaba restringida desde el 2003, con la Ley 819, dado que un uso indebido y no controlado de estas vigencias puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de los territorios.

Asimismo, a través del artículo 181, se le otorgarían al Presidente de la República facultades extraordinarias para modificar la estructura de la Administración Pública Nacional. Esto implica la posibilidad de crear y modificar organismos, entidades y trámites pertenecientes a la rama ejecutiva del orden nacional y regional.

Por otro lado, también es importante destacar los esfuerzos para promover los derechos de poblaciones históricamente excluidas por su orientación sexual. En el Pacto por la Equidad está contemplada la implementación de la Política Pública LGBTI, en cabeza del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el respectivo plan de acción para garantizar su ejecución y seguimiento. Esto se acompañará de una estrategia de formación a funcionarios públicos en temas de orientación sexual e identidad de género, de manera que se atienda a esta población con condiciones de dignidad y respeto por la diferencia.

Por encima de las diferencias y la polarización política que pulula en el país en éste momento, la ciudadanía debe manifestarse activamente sobre los puntos de acuerdo y desacuerdo que contiene el PND. En los próximos meses, cada uno de sus artículos serán debatidos en el Congreso de la República, allí la ciudadanía puede movilizarse y tener incidencia en la toma de decisiones, para que sus legisladores eliminen, modifiquen o aprueben lo que se ha consignado en este importante documento. Al fin y al cabo, para eso es para lo que son elegidos.

Desde SeamOS se generarán espacios de diálogo con actores relevantes y tomadores de decisión para que todas y todos nos informemos, aportemos y tengamos voz sobre qué debe quedar consignado en el PND.

¿Por qué es irresponsable y una falacia afirmar que, gracias a la llegada de Donald Trump al poder, las minorías y mujeres han logrado posicionarse por medio del partido demócrata cómo mayoría?

Decir que, gracias a la llegada de la extrema derecha bajo el mando de Donald Trump, fue uno de los detonantes para que en las elecciones parlamentarias estadounidenses se diera un giro radical a la participación de las mujeres y minorías dentro del aparato político norte americano, desconoce e ignora todo el proceso de movilización feminista, movilización LGTBIQ, movilización afroamricana y migratoria. Esta afirmación nos hace retroceder históricamente, e ignorar todas las muertes, marchas, protestas y víctimas de la discriminación, xenofobia y homofobia dentro del contexto norteamericano.

El 6 de Noviembre del año 2018 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en EEUU, el proceso de elección creo un hito en la historia de las elecciones, luego de que el partido Republicano durante 8 años llevara las mayorías en el parlamento y fuese superado por el partido Demócrata, teniendo en cuenta que gran parte de los electos eran mujeres, indígenas, afroamericanos y miembros de la comunidad LGTBIQ, este suceso corresponde a un giro total a la historia estadounidense pero no es un hecho sorpresivo.

Y no es un hecho sorpresivo, precisamente por todo el proceso de lucha de las mujeres y minorías a través de la historia norteamericana, un claro ejemplo histórico de los anterior es la declaración de Seneca Falls en 1848, en la cual, uno de sus apartados mas famosos menciona que:

Ahora vamos a ver … siendo esta una declaración de 1848, gran parte de los derechos por los que lucharon estas mujeres, hombres y minorías se encuentran consagrados en gran parte de la ley y jurisprudencia estadounidense, entre ellos el voto de la mujer, su derechos de participación política y así mismo otorgando derechos esenciales a los indígenas y extranjeros; no significa que la situación de muchos de estos grupos no pueda mejorar o que ya no es necesario cambiar diversas situaciones, por el contrario se tienen muchos retos por delante, pero el hecho de que se afirme que gracias a la llegada de la derecha en cabeza de Dolad Trump al poder se a promovido la participación mas activa de estos grupos en el panorama político es totalmente errado por parte de los medios de comunicación.

Estos movimientos vienen consolidándose por más de 100 años en la esfera social y política, donde se ha generado un cambio sin precedentes a través de la historia, consolidando una lucha por la obtención de derechos y promoviendo una pedagogía de tolerancia y respeto a lo largo del territorio norteamericano y el mundo.

Ejemplo de lo anterior es “la neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata latina y de 29 años, y que se ha convertido en la congresista más joven de la historia de EEUU, es un claro símbolo de ese avance (…) Verónica Escobar y Sylvia García comparten el honor de ser las primeras hispanas en representar a Texas en el Congreso, mientras que Debbie Murcasel-Powell, de origen ecuatoriano, dio una de las grandes sorpresas al imponerse a su rival en Florida con más del 50 por ciento de los votos. Ilhan Omar, nacida en Somalia en 1981, y Rashida Tlaib, hija de inmigrantes palestinos, serán las primeras musulmanas en el Congreso” ( El Nuevo Herald, 2018 ). Dentro de los anteriores ejemplos no solo vemos a mujeres que se apropiaron de la escena política, también vemos representantes de migrantes y población LGTBIQ, pero lo importante a resaltar aquí es que ellas no comenzaron su carrera política en el ultimo año o los últimos meses para poder hacer una contraposición al gobierno de Donald Trump y a sus políticas discriminatorias, por el contrario este ha sido un proceso de evolución tanto de la sociedad como de la política Estadounidense.

Lo que si podemos afirmar de la llegada de Donald Trump al poder es que se ha creado un sentimiento revanchista o de protesta en contra de sus políticas, pero de aquí a pensar que su gobierno dio paso a que las mujeres y minorías consolidaran su accionar político, es un atentado contra la historia y toda la lucha por la protección de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de estas poblaciones.

Lo que llega ahora a la coyuntura nacional e internacional, es la percepción de que ahora con una representación activa en el parlamento estadounidense de mujeres y grupos minoritarios, va a existir un gobierno más diverso, una preocupación mas activa de las problemáticas sociales y un avance hacia el cambio de mentalidad y percepción frente a estos grupos que han ido cambiando poco a poco el devenir de la historia global y así mismo un llamado a la tolerancia y acción política.

LA MALA HORA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA

Existen muchos mitos, incógnitas e incertidumbre frente a lo que está pasando con el presupuesto de las universidades públicas en el país, ¿será la corrupción? ¿el mal uso de los recursos para la educación? ¿No se ha destinado una cantidad adecuada para la inversión? ¿Se le da más recursos a la guerra? Etc.

Es importante informarse y saber cuál es la razón que, desde el antes del 10 de octubre, diferentes representantes estudiantiles se movilizaran para defender la educación pública, pero ¿ es lo que está pasando? ¿por qué se tienen que movilizar? A través del transcurso de la historia se ha demostrado que la manera más eficaz de sacar a una sociedad de la pobreza es por medio de un sistema educativo de calidad, inversión en tecnología, innovación e investigación, lo anterior permite la movilidad social, creación de capital social y más oportunidades para poblaciones vulnerables, con el objetivo que no caigan en la profesión de la delincuencia y sean vean mejor involucrados en todos los procesos democráticos dentro de su territorio.

Ahora, ¿Por qué los jóvenes colombianos tienen que movilizarse para garantizar un derecho tan básico como  la educación?

Voy a ir atrás en el tiempo, para el año 1992 con la Ley 30, donde es estipulan todos los medios y fuentes de financiación de la educación pública en el país. Nos permitimos citar los artículos 86 y 87 de la mencionada ley:

“Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Artículo 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto.

Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.” (Ley 30, 1992)

Lamentablemente dentro de esta ley no se tuvo en cuenta la realidad o el contexto educativo de la nación, entre los años 2002 a 2010 existió una ampliación casi total de la cobertura de la educación básica, media y superior a nivel nacional, lamentablemente la calidad de la educación no mejoró, este se evidencio en el año 2013 cuando salieron las los resultados de la prueba PIS, “de las tres clases de pruebas, el país sacó el peor puntaje en matemáticas: 376 puntos que ubican a Colombia en el puesto 61, y en el ranking general quedó en el puesto 64 compitiendo con países latinoamericanos y los que componen la OCDE , por otra parte, como es lógico, entre más cantidad de estudiantes  ingresan a todo el sistema educativo público, mayor es la cantidad de presupuesto para poder suplir los gastos adicionales, aunque esto estaba “previsto” en   la ley 30, con un incremento anual de mínimo 30% del PIB para los recursos de la educación, en la realidad el incremento anual no supera el 5% del PIB (Ballén, 2015).

Es por ello que de acuerdo a las reformas educativas que se dieron tanto estructurales como de presupuesto, para este año 2018 “se tiene un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones en infraestructura” (CASTAÑEDA, 2018), sin mencionar la planta docente,  la cual también cuenta un déficit muy alto a comparación de la cantidad de estudiantes que hoy en día se encuentran haciendo pre grado. El Sistema Universitario Estatal (SUE) menciona que “los aportes de nivel nacional a las universidades públicas pasaron de representar el 73% de los recursos financieros de las instituciones en 1993 a representar solamente el 48 % en el 2016. Es urgente que bajo la consideración de política de Estado se consolide un mecanismo de financiación estable y estructural para la educación superior pública” (CASTAÑEDA, 2018)

El descontento frente a esta situación es tan grande que para el día 10 de octubre se organizó la marcha estudiantil, en protesta al presupuesto asignado a la educación, que solo es de 38 millones, que el gobierno entrante  de Ivan Duque destinará a la educación pública. Esta no fue una marcha como cualquiera, ya que no sólo convocó universidades públicas, sino también de las privadas,que se unieron a esta protesta pacífica para reclamar al gobierno nacional   la importancia de la educación pública y de calidad en el país, no solo porque esta genera un proceso de movilidad social, sino que al largo plazo genera beneficios tanto económicos como sociales al país ya que se crea mayor capital social.

A pesar de que la marcha en general de desarrolló de manera pacífica, algunos manifestantes incurrieron en actos de vandalismo en contra de algunas estaciones de radio, el sistema integrado de transporte y algunas instalaciones públicas; sin embargo, la protesta cautivo a diferentes medios de comunicación y a la ciudadanía en general cuando los mismos estudiantes iban preparados para borrar los daños ocasionados a los bienes públicos. Estos actos demostraron la capacidad de unión, liderazgo e iniciativa que tienen los jóvenes alrededor del país.

La respuesta del gobierno nacional fue casi inmediata, en un inicio de resolvió generar un aumento en el presupuesto de la educación por un monto de 500 mil millones de pesos; pero esta propuesta  no fue suficiente conforme a la exigencia de los estudiantes por lo que se decidió aumentar el presupuesto a un billón de pesos, los cuales serán sacados del Sistema General de Regalias (SGR).

De acuerdo con las exigencias de los estudiantes y el grave déficit presupuestal dentro del sector, los estudiantes esperan que por medio de la movilización se logre aumentar 18 billones al presupuesto, realizando una presión mayor para que el presupuesto de la guerra se pueda reducir conforme aumenta el de educación.  

En conclusión, la educación pública en el país no tiene un futuro muy claro, a pesar de que las movilizaciones persisten, el Ministerio de Hacienda en cabeza de Alberto Carrasquilla dice que no es posible aumentar del presupuesto que promete el presidente Duque, el nuevo programa de “Generación E” que fue el reemplazo de “Ser Pilo Paga” no es claro si la población de jóvenes más vulnerables podrá acceder a la educación superior, ni cómo se va a suplir el déficit presupuestal que dejó Ser Pilo Paga.

Este proceso de movilización estudiantil no puede ser ajeno a la ciudadanía, los Colombianos nos tenemos que comprometer  a gestionar un cambio ya sea desde lo individual hasta lo colectivo. La educación es un tema que atañe no solo a las generaciones actuales si no a la venideras  y si nos queremos dejar de llamar “pais en vía de desarrollo” es necesario tomar lápiz y papel, para generar un cambio de mentalidad fortaleciendo la calidad y el presupuesto de la educación pública.

Los resultados de las elecciones de Congreso: MAQUINARIA Vs OPINIÓN

Después de la contienda electoral del pasado domingo 11 de marzo, ha quedado reconfigurado el Congreso de la República con un panorama bastante difuso para la presidencial que se avecina en el próximo mes de mayo, y que pone a jugar a las diferentes fuerzas y partidos políticos con alianzas que desde ya, empiezan a coger su etapa final y decisiva.

En el Senado claramente los grandes triunfadores son el Partido Cambio Radical y el Partido Alianza Verde. El primero pasó de 9 a 16 escaños, el cual, a pesar de sus cuestionamientos por avales a personas investigadas, sindicadas y/o condenadas, que los ha expuesto en la palestra pública durante los últimos años, en síntesis no se reflejaron en el resultado electoral. Esto denota que en las regiones las maquinarias bien aceitadas siguen funcionando a las mil maravillas.

Por otro lado, “Los Verdes” que pasaron de tener 5 a 10 escaños, de la mano de Mockus, quien parece ser el AVE FÉNIX de la colectividad, con más de 540 mil votos arrastró con varias curules de candidatos que no aparecían en el radar y de quienes se podría decir ¡SE LES APARECIÓ LA VIRGEN!

El gran perdedor en la cámara alta del Congreso es el Partido de la U, que se redujo de 21 curules en 2014 a 14 en 2018. Sin embargo las otras colectividades también redujeron su cantidad de escaños, es el caso del Partido Liberal que pasó de 17 a 14, el Conservador que pasó de 18 a 15 y hasta el Centro Democrático que perdió una, pasando de 20 a 19 curules, con sorpresas de nombres que no estaban en el radar y excongresistas en el pabellón de los quemados como José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel y Everth Bustamante, quienes ratificaron que sus votos son de Uribe.

Así mismo, el Polo Democrático se mantuvo con 5 curules, el Partido MIRA ratificó electoralmente su vigencia en el Senado, manteniendo las 3 curules que habían ganado después del fallo del Consejo de Estado, el cual determinó que en las elecciones de 2014 hubo fraude. Otra novedad es la entrada de las 4 curules obtenidas por la lista de la DECENCIA de Petro. Quienes se quedaron sin escaños fueron los del Partido Opción Ciudadana del polémico “Tuerto Gil”, quienes en 2014 tenían 5 curules.

Sin duda en la Cámara de Representantes los dos partidos victoriosos son el Centro Democrático y Cambio Radical, los Uribistas pasaron de 19 escaños a 32, creciendo en una tercera parte, mientras que los de Vargas Lleras aumentaron de 16 a 30, casi doblando su representación en la Cámara baja.

Los partidos derrotados en Cámara son: el Partido de la U, los Conservadores y hasta el Partido Liberal; este último, a pesar de seguir siendo la colectividad de mayor representación con 35 curules, perdió 4 escaños; la U resultó ser la más apaleada al pasar de tener 37 a 25 curules; y los Conservadores pierden 6 escaños, quedando con 21 curules.

Otros partidos quedaron representados así: Alianza Verde sumó 3 más y quedaron finalmente con 9, el Polo Democrático perdió una y ahora tiene 2, y el partido MIRA pasó de 3 a 2. Se puede decir que de los partidos con menor representación, las sorpresas estuvieron con Opción Ciudadana, quienes perdieron 4 quedando con sólo 2; la lista de la DECENCIA que incursiona en la Cámara con 2 curules; Libres con 1 sola curul, al igual que la Coalición Alternativa Santandereana AS y MAIS.

Bogotá

Ahora bien, la radiografía que arrojó la jornada electoral en Bogotá nos deja con una gran expectativa; y es que sin duda los electores parecen estar tomando cada vez más conciencia e informarse a la hora de votar, y sus decisiones pueden ser producto de la coyuntura con los reveses del gobierno de la ciudad. Ante la coyuntura, que presenta un Concejo en su mayoría gobiernista, que ha aprobado el cupo de endeudamiento, las vigencias futuras y hasta el anhelado Metro, no parece ser suficiente para calar en la ciudadanía, donde, al parecer, las nefastas decisiones de la administración en ciertos temas, como el de las basuras, la Reserva Van Der Hammen o la inseguridad, han marcado la pauta electoral.

Entrando en el detalle hay que ver que de las 18 curules de la capital, el Uribismo capitalino se quedó con 5 y la Alianza Verde sumó 4, en ambos casos sin tener una maquinaria aceitada, (con excepción de Katherine Miranda, esposa del concejal Peñalosista Jorge Torres, que a su vez fue la fórmula de Antanas Mockus, y que logró una muy buena votación).

De la misma manera la lista de la DECENCIA incursionó con 2 curules con una arrolladora votación (casi 80 mil votos) de María José Pizarro, hija del líder natural del M-19 asesinado, Carlos Pizarro. Adicionalmente, es pertinente indicar que partidos como Cambio Radical con 2 escaños y el Liberal con uno -los cuales pertenecen a la coalición de gobierno- parecen no encontrar en la maquinaria una fórmula eficaz en el resultado electoral. Parece ser, que les faltó, acompañar mejor las listas para lograr más curules.

Es así como la vaina política parece estar más candente que nunca y, en vísperas de las elecciones presidenciales, empiezan sonajeros de las posibles alianzas. Por su lado Gustavo Petro, a pesar de sumar más de 2 millones 800 mil votos en la consulta con Caicedo, parece ser la “fea con la que nadie quiere bailar”. Por otro lado, Fajardo, candidato de la Alianza Verde y el Polo, parece estar en coqueteos con De La Calle del liberalismo, pero sin el liberalismo, porque al parecer la gran mayoría de esa colectividad ya estaría muy cercana a Vargas Lleras. Este es el mismo caso para las otras colectividades, puesto que un significativo porcentaje de los Conservadores y del Partido de la U están con Vargas Lleras.

¿Será que tenemos una segunda vuelta como la del 2014, con un candidato por el uribismo y otro de una coalición de distintos partidos? Los resultados nos dirán si aún funcionan las tácticas maquinaristas del pasado o si la política colombiana busca nuevos rumbos desde la opinión de la gente.

… ¡esto quedó como para alquilar balcón!

ANDRÉS MÁRQUEZ Coordinador diálogo político SeamOS Democracia Digital

¿CÓMO ENTENDER EL ENREDO DE ESTA CAMPAÑA PRESIDENCIAL?

Este año se vienen las elecciones a la presidencia con todos sus cálculos, alianzas e intrigas, por eso SeamOS ha decidido escribir una serie de columnas para que usted, nuestro superhéroe, pueda entender el enredo de estas candidaturas, se informe y salga a las urnas el 27 de mayo del 2018 a elegir conscientemente a aquella persona que tomará las decisiones más importantes para todos los colombianos durante los próximos cuatro años.

En esta ocasión queremos presentar un panorama general de lo que está sucediendo con los candidatos, cuántos son, quiénes van por firmas o por partidos, quienes van a hacer alianzas, de modo que, en medio de esta maraña, usted pueda informarse para entender quién es quién y decidir si alguno de estos personajes lo convence o si es mejor votar en blanco.

La fecha límite para inscripción de candidaturas por firmas ya pasó y la Registraduría ya hizo la revisión de las firmas entregadas, a partir de lo cual ha avalado y rechazado algunas de las candidaturas. Así mismo, ya se cumplió el límite para inscribir consultas abiertas entre precandidatos, que se realizarán el mismo día de las elecciones de Congreso, el próximo 11 de marzo. Mientras que la inscripción de candidatos avalados por algún partido político puede realizarse hasta el próximo 9 de marzo, pero todos tienen posibilidad de realizar modificaciones hasta el 16 de marzo, es decir que de acuerdo a los resultados de las consultas y de las elecciones del Congreso, los candidatos podrán realizar alianzas y escoger candidatos vicepresidenciales, por lo cual su voto del 11 de marzo también es muy importante para los presidenciales.

La mayoría de los candidatos para esta elección presidencial se han inscrito por firmas y solo cuatro de los catorce partidos han avalado tres candidatos y una candidata. Sin embargo, la mayoría de los que se han inscrito por firmas, pertenecen a un partido político, por lo que, teniendo en cuenta el gran esfuerzo y costo que implica ponerse a recoger firmas por todo el país, podemos deducir que se trata de una jugada política para desmarcarse de su trayectoria y su partido.

Una opción más para votar es el voto en blanco. Recuerde que si esta opción obtiene más del 50% de los votos, se debe repetir la elección y ninguno de los candidatos actuales podrá volver a participar.

Aquí podrá conocer la situación de cada candidato y de las próximas consultas que se realizarán conjuntamente con la elecciones de congreso el 11 de marzo. Explore, infórmese y vote. No deje de votar, su participación es fundamental para que mejore la política en nuestro país.