Llegó el Plan Nacional de Desarrollo: ¡a participar!.

Del discurso se pasó al hecho. Hace apenas unos días se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia”; ni más ni menos, la hoja de ruta de cómo se piensa consolidar e implementar la visión de país que 10.372.697 colombianos y colombianas eligieron en las últimas elecciones para los próximos años.

La gran apuesta de esta administración es lograr justicia social, un ideal necesario pero bastante manoseado. Para conseguirlo, plantea 3 grandes pilares: equidad, emprendimiento y legalidad. Si bien el documento se entregó hace unos días, ya ha dado de qué hablar y ha generado opiniones divididas respecto a temas que comprometen la administración de los recursos estatales, el manejo de los ecosistemas y, en general, la gestión de lo público.

Activistas sociales, medios de comunicación, políticos y generadores de opinión pública se han pronunciado respecto a temas álgidos que allí están contenidos. En relación al medio ambiente, el PND pone el dedo en la llaga de uno de los principales retos que ha tenido el país desde que se disparó el boom minero hace varios años: la formalización. Su artículo 18 propone una licencia ambiental para entregarse en un plazo máximo de 30 días a quienes se dediquen a actividades extractivas y deseen legalizar su actividad productiva.

El artículo 35 ha sido uno de los que más ruido ha generado, propone la unificación del Presupuesto General de la Nación en cabeza del Ministerio de Hacienda, esto implica que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) pierda la facultad de administrar los recursos de inversión y se encargue únicamente de procesos de evaluación de las políticas públicas y los proyectos de inversión.

Respecto al gasto público territorial, con el artículo 52 se brinda la posibilidad a municipios y departamentos de apalancar vigencias futuras en su último año de gobierno, siempre y cuando sea para proyectos cuyo fin se oriente en garantizar el cumplimiento de las metas de cobertura planteadas en el PND. Dicha medida estaba restringida desde el 2003, con la Ley 819, dado que un uso indebido y no controlado de estas vigencias puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de los territorios.

Asimismo, a través del artículo 181, se le otorgarían al Presidente de la República facultades extraordinarias para modificar la estructura de la Administración Pública Nacional. Esto implica la posibilidad de crear y modificar organismos, entidades y trámites pertenecientes a la rama ejecutiva del orden nacional y regional.

Por otro lado, también es importante destacar los esfuerzos para promover los derechos de poblaciones históricamente excluidas por su orientación sexual. En el Pacto por la Equidad está contemplada la implementación de la Política Pública LGBTI, en cabeza del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el respectivo plan de acción para garantizar su ejecución y seguimiento. Esto se acompañará de una estrategia de formación a funcionarios públicos en temas de orientación sexual e identidad de género, de manera que se atienda a esta población con condiciones de dignidad y respeto por la diferencia.

Por encima de las diferencias y la polarización política que pulula en el país en éste momento, la ciudadanía debe manifestarse activamente sobre los puntos de acuerdo y desacuerdo que contiene el PND. En los próximos meses, cada uno de sus artículos serán debatidos en el Congreso de la República, allí la ciudadanía puede movilizarse y tener incidencia en la toma de decisiones, para que sus legisladores eliminen, modifiquen o aprueben lo que se ha consignado en este importante documento. Al fin y al cabo, para eso es para lo que son elegidos.

Desde SeamOS se generarán espacios de diálogo con actores relevantes y tomadores de decisión para que todas y todos nos informemos, aportemos y tengamos voz sobre qué debe quedar consignado en el PND.