LOS VACÍOS DEL “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” 2019 – 2022 del presidente Iván Duque Márquez se queda corto, puesto que deja de lado varios temas, los cuales giran en torno a la paz, la sustitución de cultivos ilícitos, la protección de líderes sociales, la salud mental y la creciente migración venezolana.

PAZ Y CULTIVOS ILÍCITOS.

La paz, que fue la bandera del anterior Gobierno, se ha dejado de lado, aún cuando muchos sectores afirman que debería tener mayor relevancia de la que hoy tiene. Este aislamiento se ve reflejado, en primer lugar, en el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019 – 2022, en donde se estima que el presupuesto para inversión es de 1.096,1 billones, de los cuales, ningún rubro está destinado a la paz ni se viabilizan acciones al respecto.

La postura frente a la sustitución de cultivos ilícitos del gobierno es clara, así se vio en la audiencia citada por la Corte Constitucional, en donde el presidente abogó por el uso del glifosato. Sin embargo, esto no se concreta en el PND, pues no especifica cómo se va a dar tratamiento a los cultivos mencionados. El jefe de Estado ha solicitado que esta lucha se enfoque en la erradicación forzada más que en la voluntaria. Si se tiene en cuenta el informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) del 2018 sobre el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la sustitución voluntaria dejó resultados difíciles de analizar respecto a la meta planteada, debido a que solo 54.000 familias de las 180.000 que tienen cultivos ilícitos se vincularon al programa; algunas razones como las ganancias dificultan que esto suceda, ya que con la coca se obtienen mayores dividendos que con otros cultivos. No obstante, más allá hay situaciones de seguridad que cohíben a las familias a hacer parte del PNIS, debido a que, en algunas zonas donde se estaba implementando el programa, los asesinatos aumentaron en un 33%, la mayoría de ellos perpetrados por grupos al margen de la ley que buscaban proteger los cultivos por el uso de la fuerza.

Para 2017 la meta de erradicación forzada era de 50.000 ha, la cual se cumplió y superó con un total de 65.000 ha. Aunque esta estrategia aparentemente sería viable, se debe considerar que entre 2009 y 2018 hubo alrededor de 800 víctimas de la policía antinarcóticos, miembros de la fuerza pública y civiles, que murieron o resultaron heridos por minas antipersonas, las cuales se ubican para proteger los cultivos de coca (FIP, 2019). Aunque la erradicación forzada ha sido una medida efectiva, ha tenido un alto costo humano, además, dificulta que las personas que viven cerca de esos cultivos puedan realizar otras actividades productivas, por lo que las probabilidades de resiembra son altas. Independientemente de la forma en la cual se vaya a llevar a cabo esta lucha, en el PND no se aclaran los métodos, programas y metas relacionados con la planeación de una ruta a seguir; lo cual cuestiona el interés del Gobierno por dar soluciones concretas a esta problemática.

LÍDERES SOCIALES.

Otra problemática que ha ido en aumento desde el 2016 ha sido la muerte de líderes sociales. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2016 y 2018 fueron asesinados 282 líderes, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Arauca. Para estas mismas fechas, se especificó que habían sido asesinados 45 líderes comunales, 29 indígenas, 19 afrodescendientes, 17 representantes comunitarios y 11 campesinos. En todo el 2018, el total de líderes asesinados fue de 113 y en lo corrido del 2019 van 29. Al respecto, la ONU dio a conocer las cifras y solicitó al Gobierno que garantice los Derechos Humanos de los líderes sociales para que puedan seguir ejerciendo su labor. Sin embargo, este tema no ha sido una prioridad para el Gobierno, no ha habido mayor pronunciamiento por parte del mismo y, adicionalmente, no se menciona ni una sola vez en el Plan Nacional de Desarrollo.

ENFERMEDADES MENTALES.

“Según la Organización Mundial de la Salud, 4,7% de los colombianos sufren de depresión, un porcentaje más alto que el promedio mundial” (Caracol, 2018). La salud mental como problemática pública se ha empezado a posesionar en Colombia desde el 2013, año en el que se mencionaba que el aumento de este tipo de enfermedades iba a ser mayor que las relacionadas con problemas cardiovasculares (Scielo, 2013). Juan Luis Castro, senador por el partido Alianza Verde, manifestó que de los 183 artículos del PND, ninguno aborda esta cuestión. Poco ha sido el interés de los gobiernos nacionales por estos asuntos, lo cual implica un descuido que, de no tratarse, puede conllevar a serias crisis sociales en el futuro. La situación no se percibe como urgente por el Gobierno y esto se ve reflejado en el PND, en el cual no tiene mención alguna. A lo anterior debe sumarse y considerarse que en Colombia la guerra, el conflicto armado y las acciones terroristas han generado enormes afectaciones que inciden en el bienestar psicológico de la población. En esta medida, desde el PND deberían existir y formularse acciones para atender este tipo de alteraciones, que día a día muestran más el impacto negativo que generan en la sociedad.

MIGRACIÓN VENEZOLANA.

Como si fueran pocos los problemas que Colombia debe afrontar, la crisis en Venezuela llega para poner a prueba al Estado y la sociedad colombiana. Según Migración Colombia, hay 1,2 millones de inmigrantes venezolanos, en su mayoría en situación de pobreza, hecho que los ha forzado a buscar trabajo en el país por salarios mucho menores a los estipulados por ley. Este escenario también ha generado que, debido a la mano de obra barata, sean un capital humano más rentable para los empresarios y que las oportunidades de empleo de los colombianos se vean afectadas. Durante el mes de enero, se presentó una tasa de desempleo de 12,8%, la más alta desde 2011 (Dinero 2019); afectando principalmente a personas que se desempeñan en comercio, hoteles y restaurantes. Sin embargo, aunque hay cierta influencia de la diáspora venezolana en el desempleo, no se puede caer en el error de culparlos por completo, puesto que en las cifras también intervienen otros factores como las inundaciones, el fenómeno del niño y la pérdida de cultivos en el campo.

Si bien el presidente y el actual gobierno le han prestado gran atención a la situación del vecino país, la llegada masiva de venezolanos no se tiene en cuenta en el PND, no se establecen medidas para evitar que afecte la economía colombiana o para amortiguar los efectos sociales que causa. Asimismo, aunque sí hay líneas de acción sobre empleabilidad y trabajo, queda en duda si serán suficientes para el contexto actual del país.

CONCLUSIÓN.

El Plan Nacional de Desarrollo está atravesando un momento difícil, dado que su aprobación se ha visto obstaculizada por falta de quorum en algunas votaciones, dadas las inconformidades con temas como los subsidios para el estrato 1, 2 y 3, los impuestos a los licores y las facultades extraordinarias dadas al presidente. Además, temas que deberían ser relevantes para el Gobierno, como los mencionados en este artículo: paz y sustitución de cultivos ilícitos, muerte de líderes sociales, enfermedades mentales y migración venezolana; no se tienen en cuenta ni tienen una línea de acción clara. Por lo tanto, si no se tratan desde ahora con una hoja de ruta articulada, pueden crecer y, paulatinamente, convertirse en grandes problemáticas a futuro.

BIBLIOGRAFÍA

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